En febrero se fogoneó fuerte desde el Gobierno Nacional la aprobación y la puesta en práctica de un Protocolo Antipiquetes que regularía la protesta social y encausaría los cortes de vías públicas. Con Patricia Bullrich como punta de lanza, se habló de reprimir y de liberar los cortes en 5 minutos con un modus operandi express.
Sin embargo, un mes más tarde, no sólo el protocolo no se puso en marcha, sino que se vivió el marzo con más piquetes desde 2009. Toda una contradicción. O no.
Un relevamiento de la Consultora Diagnóstico Político registró que el mes pasado hubo 595 piquetes, lo que representa un aumento del 16% respecto del mes anterior y un 7% respecto del mismo mes de 2015.
«Los distritos más conflictivos fueron nuevamente Buenos Aires (89), la Capital Federal (53) y Santa Fe (42), concentrando entre los tres el 31% del total nacional de piquetes. Por otra parte, hubo un fuerte aumento de los piquetes en Tierra del Fuego (40), Neuquén (38), Entre Ríos (36) y Santa Cruz (36)», señala el informe.
Entre los actores de los cortes de vías públicas encontramos que los trabajadores se llevaron el mayor protagonismo. Entre los trabajadores estatales, del sector privado y los cesanteados produjeron más de 350 piquetes el último.
La explicación es clara, los piquetes fue una de las formas que tomó en el movimiento obrero la resistencia a la ola de despidos masivos que en marzo se aceleró y elevó el conflicto social. Impulsados en muchas ocasiones desde las bases y espontáneamente, los cortes de calle se elevaron a medida que se iban conociendo las cesantías.
La experiencia reciente deja de manifiesto una vieja verdad que a veces es olvidada. El conflicto social no se regula con más represión sino con política social, algo que por el momento está escaseando.