Tras el operativo de control realizado este lunes en el complejo de teatros Radio City, Roxy y Melany de Mar del Plata en la previa de la realización de diversos espectáculos, desde el Sindicato Único de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) respondieron a dichos de los empresarios y acusaron una “irresponsabilidad” por parte de los mismos.
“Si hablamos de seguridad, apartemos la frivolidad”, titularon el comunicado por el cual el sindicato defendió el accionar de sus trabajadores.
En concreto, y luego de que desde el centro de arte difundieran un comunicado hablando de “aprietes” y prácticas similares “a lo ocurrido durante la dictadura”, el sindicato emitió su propio documento, en el que respaldó el accionar del personal de los ministerios de Trabajo y Seguridad bonaerense, en conjunto con representantes del Registro Público Provincial de Personal de Control de Admisión y Permanencia (Recap).
“Resulta alarmante el bajo rigor informativo de los comunicadores que difundieron la noticia, convocados por los propietarios del Centro de Arte, como así también la irresponsabilidad de los empresarios al utilizar tan livianamente los términos ‘apriete’ y ‘dictadura’ -entre otros- cuando la realidad indica que el único motivo de la inspección era el resguardo de los derechos laborales de los trabajadores y, más aún, garantizar la seguridad de los cientos concurrentes a los teatros”, explicaron.
En ese sentido, desde el gremio respaldaron el accionar del personal a cargo de la inspección al referirse la Ley Nacional de Espectáculos Públicos (N° 26.370), adherida por la provincia de Buenos Aires en el año 2009 bajo ley 13.964. “No se trató de un capricho: los controles se realizaron en el marco de la legislación actual, a la cual debe adaptarse los organizadores de eventos que utilicen personal de Control de Admisión y Permanencia (CAP) de público en general”, expusieron.
SUTCAPRA también informó que tiempo atrás habían detectado “que las empresas y los trabajadores que prestaban servicio en el lugar no estaban debidamente registrados en el Ministerio de Seguridad como lo establece la ley” y que por ese motivo se procedió a la inspección que tuvo lugar el lunes por la noche.
Asimismo, aclararon que según las normas vigentes “toda persona que preste servicios de CAP debe estar inscripta en el Registro Público Provincial de Personal de Control de Admisión y Permanencia de la jurisdicción correspondiente” y además debe contar con una capacitación obligatoria y gratuita, que brinda el propio gremio.
“Todos estos datos, que obviaron mencionar los empresarios teatrales, deben quedar claros a la hora de informar: entendemos el grado de exposición y la necesidad de los productores de vender y promocionar sus obras, pero cuando hablemos de seguridad y de garantizar una diversión segura, procuremos hacerlo con sensatez, con datos precisos y sin mentir a la sociedad”, cuestionaron, y concluyeron: “Si hablamos de seguridad, apartemos la frivolidad”.