Nunca termina de haber paz en IMPSA. Es que si bien casi todas las deudas fueron canceladas y el esquema de trabajo de los operarios volvió a la normalidad, los representantes sindicales temen que lo peor esté por venir. Sucede que el 31 de enero pasado venció el acuerdo entre los gremios y la firma que prohibía el despido de personal y hoy nada los protege contra un “achique” estructural.
Según reveló una fuente a Diario Los Andes, Pescarmona se habría puesto al día con sus empleados gracias a dinero de reintegros de exportaciones. “Se rumorea que la ministra Débora Giorgi adelantó el pago con la condición de que no se despida gente mientras se normaliza la situación”, señalaron.
De todas maneras, más allá del rumor del origen de los fondos que dieron tranquilidad a Pescarmona, el temor por una futura reestructuración de la compañía aún no desaparece.
Por eso hoy la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se reunirá con representantes de Industrias Metalúrgicas Pescarmona para manifestar su preocupación y esclarecer cuál es la situación económica actual de la compañía. Luego, el miércoles 11 de febrero, habrá una nueva audiencia en la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza donde se tratarán formalmente los temas pendientes.
Luis Márquez, secretario general de la UOM, confirmó que “sólo hasta enero se sabía que no habría despidos y, por el momento, no se ha tocado el tema, por lo que se intentarán esclarecer las dudas el lunes 9 de febrero”.
En tanto, Hugo González, secretario general de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (Asimra), mostró su preocupación por lo que pueda ocurrir a partir de marzo.
“Hoy la mayoría de los trabajadores está de vacaciones pero a partir del mes que viene pensamos que podría haber despidos si no aparecen nuevas obras”, comentó.
“Tememos que venga un achique de la planta (hoy de 1.075 trabajadores). Por eso, en la audiencia del miércoles vamos a dejar en claro nuestra posición ante posibles despidos. En caso de inconvenientes actuaremos junto con la UOM”, indicó González.
Sin embargo, el representante de Asimra espera no llegar a un nuevo punto de conflicto. “Los trabajadores metalúrgicos jamás hemos generado problemas, pero llegamos a manifestarnos en la calle porque la situación así lo exigió. Queremos recordar a Impsa que siempre estamos abiertos al diálogo”, agregó.
Por su parte, Mauricio Guzmán, subsecretario de Trabajo de Mendoza, confirmó que “no se ha discutido sobre una extensión del acuerdo entre el sector gremial e Impsa”, con el cual la empresa se comprometía a no despedir personal, pero podía realizar suspensiones temporales y horarios rotativos, entre otros puntos.
“La empresa manifestó que volverá a pagar el 100% de los salarios, por lo que se entiende que la metodología de trabajo vuelve a la normalidad y el acuerdo ha llegado a su fin”, comentó Guzmán.
Lo que llamó la atención es que el martes 3 de febrero Industrias Metalúrgicas Pescarmona pidió formalmente al Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno de Mendoza que se anule la extensión del Programa de Recuperación Productiva (Repro).
Cabe recordar que en setiembre la empresa había pedido la asistencia del Estado para afrontar su situación de crisis. A través de los Repro, Impsa recibió desde octubre y hasta enero un total de $ 2.000.000 mensuales para cubrir salarios ($ 2.000 por trabajador).
A una semana del vencimiento del beneficio, Pescarmona no había pedido la extensión del programa, pero el Ministerio de Trabajo de la Nación decidió otorgarle la asistencia financiera por dos meses más. Ahora, la propia compañía solicitó a Trabajo la anulación de la prórroga y sólo resta la respuesta del Ministerio de Trabajo de la Nación para confirmar la baja definitiva.
“Pescarmona comunicó que no necesitará la extensión del Repro porque ha logrado estabilizar su condición económica”, reveló Osvaldo Marín, director de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de Mendoza.
La decisión de la empresa es vista con buenos ojos por los representantes gremiales porque “da señales de estabilidad”, pero también hay temor por la posibilidad de que sea el punto de partida para una reestructuración.