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La administración libertaria busca dar la imagen de la motosierra también en el Senado. Los sindicatos con representación en el Congreso se niegan a participar de la comisión especial que analizará los pases a planta permanente de los últimos dos años. Lo consideran ilegal.
Tras casi seis meses de convivencia pacífica, la gestión de Victoria Villarruel al frente del Senado sufrió su primer cortocircuito con los gremios con representación en el Congreso. Es que el último miércoles decidieron darle la espalda y no participaron de la comisión especial creada por la vicepresidenta con la intención de realizar un “análisis integral de los recursos humanos” y revisar los nombramientos de los dos últimos años de Cristina Kirchner al frente de la Cámara alta.
La situación llegó al extremo que la Asociación del Personal Legislativo (APL), el gremio mayoritario en el Congreso y que conduce Norberto Di Próspero, presentó una impugnación formal contra el decreto firmado por Villarruel, por considerar que la decisión de revisar nombramientos en la planta de personal viola lo establecido por la ley 24.600, el estatuto de los empleado del Congreso.
![La administración libertaria busca dar la imagen de la motosierra también en el Senado. Los sindicatos con representación en el Congreso se niegan a participar de la comisión especial que analizará los pases a planta permanente de los últimos dos años. Lo consideran ilegal.](https://www.infogremiales.com.ar/wp-content/uploads/2024/05/1710789167240318654-1-1024x695.jpg)
Aunque no hicieron presentaciones legales, también decidieron vaciar la primera reunión de la denominada Comisión de Análisis de la Dotación (CAD) los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que envió una nota a la secretaria Administrativa, María Laura Izzo, anunciándole su negativa a integrar el organismo ad hoc; y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ni siquiera respondió a la convocatoria realizada por la funcionaria.
Entonces, sin los gremios los representantes de la gestión Villarruel tomaron la decisión de pedirle a los responsables de las áreas donde fueron designados los empleados nombrados en el período sometido a revisión que informen la situación de esas personas.
La gestión de Villarruel apunta a revisar con detenimiento una serie de cuatro decretos firmados por Cristina Kirchner entre 2022 y 2023. Se trata de unos 300 nombramientos.