Trabajadores aduaneros rechazaron la disolución de AFIP por violar la Constitución y las leyes laborales

El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) rechazó la disolución de la AFIP que anunció el Gobierno nacional y convocó a una asamblea general.

El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) convocó a una asamblea general para sus trabajadores y expresó su enérgico rechazo a la disolución de la AFIP, medida que anunció este lunes el Gobierno de Javier Milei.

«En atención al comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la Nación en el día de hoy, el SUPARA manifiesta su total y enérgico repudio y rechazo a la disolución de la AFIP y a la desvinculación masiva de trabajadores del organismo. Esta medida, además de intempestiva, es violatoria de la Constitución Nacional y de las normas laborales vigentes», sostiene el comienzo del comunicado.

Considera que “el anuncio del despido masivo de 3.155 agentes de la AFIP (ingresados bajo procesos de selección debidamente auditados) constituye una clara violación a los derechos laborales consagrados en nuestra Carta Magna”.

Además indica que “los trabajadores involucrados gozan de la estabilidad garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual protege a los empleados públicos de la arbitrariedad y abuso de poder por parte del gobierno. Esta estabilidad no puede ser vulnerada bajo excusas administrativas ya que atenta contra la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley”.

Por otra parte, afirman que “la disolución de la AFIP no es más que un intento de debilitar al Estado y las potestades de control a su cargo, en detrimento del interés colectivo. El Presidente, bajo el disfraz de una supuesta “modernización del Estado”, está desmantelando las estructuras fundamentales del Estado Nacional, destruyendo organismos esenciales para garantizar la soberanía y el desarrollo económico de la Nación”.

“Denunciamos que esta medida no solo es un golpe directo a los trabajadores, sino también un ataque a la esencia misma del Estado, socavando su rol en la protección de los bienes públicos y el cumplimiento de la ley”; sentenciaron desde SUPARA.