Son siete los trabajadores que en total irán a juicio, acusados de haber obstaculizado la circulación del tránsito en la Panamericana, en el marco de una protesta por más de un centenar y medio de despidos en 2009.
En julio, el máximo tribunal había desestimado los planteos efectuados por Nicolás Tauber Sanz, abogado defensor de Ramón Hermenegildo Bogado, Jorge Penayo y María Teresa Rosario. Antes que la Corte, la Cámara Federal de Casación Penal se había opuesto al pedido de la defensa.
Los empleados fueron procesados por la justicia federal de San Martín por interrumpir la circulación a la altura del kilómetro 35 del ramal Campana, en distintas marchas entre septiembre y diciembre de 2009, en reclamo por el despido de 156 compañeros.
El abogado de la defensa cuestionó la validez de las pruebas incriminatorias, entre ellas filmaciones tomadas por Gendarmería Nacional, a las que calificó de “ilegales”. La Corte consideró entonces que la presentación de la defensa tenía defectos formales y consideró inadmisible el planteo, contra lo que el letrado solicitó la revocatoria del fallo. Ahora el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, junto a Elena Highton, Enrique Petracchi y Juan Maqueda se opusieron al planteo de la defensa en la última instancia que restaba.
El abogado afirmó que el rechazo de la Corte, “basado en un error respecto de los hechos y la documentación existente en este recurso de hecho termina avalando la violación de la Constitución Nacional, a través de permitir que siete trabajadores sean llevados a juicio oral en virtud de ejercer su derecho a huelga, peticionar a las autoridades, de expresión y en ejercicio de sus obligaciones como delegados elegidos por sus compañeros en base a prueba obtenida a través de tareas de inteligencia ilegal”.