Tras exponer estibadores al contagio, el interventor de la Cooperativa Puerto General San Martín compró reactivos para testar Covid-19

Pasan los nombres y la Cooperativa de Trabajo Puerto General San Martín no encuentra el rumbo. El nuevo interventor de la cooperativa portuaria, Roberto Pascualino quien reemplazó en el cargo a Juan José Schaer, quedó envuelto en un nuevo conflicto sanitario y sindical.

Es que el encargado de «normalizar» la entidad que otrora comandara el sindicalista Herme «Vino Caliente» Juárez, procesado por asociación ilícita, lavado de activo y malversación de fondos, fue acusado por los propios socios de la entidad de hacerlos trabajar en un buque proveniente del extranjero, y que finalmente terminó amarrando en el muelle AGD en Puerto General San Martín, sin cumplir con los protocolos acordados para la actividad.

Más tarde se negó a recibirlos en la sede de la entidad y a dar las explicaciones del caso. Reclamaban una respuesta por haber quebrado los acuerdos sobre salubridad, seguridad e higiene.

Ahora, para tratar de borrar ese incidente, el propio interventor reveló que con fondos de la cooperativa adquirió kits para efectuar testeos de Covid-19. Según se supo, esa erogación tampoco contó con el aval de los socios.

La compra fue una medida adoptada unilateralmente por Pascualino sin aviso, ni consenso de la Cámara de Actividades Portuarias, ni de las terminales ni del SUPA, que vienen trabajando en forma conjunta para acordar los protocolos y medidas sanitarias correspondientes.

De hecho, la situación derivó en un incidente sanitario regional: «No está recomendada ni indicada la adquisición de reactivos para la detección de Covid-19 por parte de empresas particulares. Esto se debe al conocido faltante de dichos reactivos en el ámbito nacional. Por eso, la totalidad de los reactivos disponibles deberían estar en poder de las instituciones de salud que intervienen en la primera linea contra la pandemia», explicaron fuentes médicas de la zona.