Tras la filtración del expediente que reveló el pasado como sindicalista de Manuel Adorni, Sandra Pettovello llevó a la justicia el pago de 600 millones de pesos a una asociación civil, entre 2017 y 2019. La sospecha de la funcionaria recae sobre exfuncionarios de Mauricio Macri que respondían a Jorge Triaca.
Tras la filtración del expediente que confirmó el pasado como sindicalista de Manuel Adorni y de la caza de brujas que se desató en su propia cartera, Sandra Pettovello llevó a la justicia a trece funcionarios y empleados de la gestión de Mauricio Macri. Se trata de todos dirigentes cercanos al exministro Jorge Triaca.
Es por pagos presuntamente irregulares por 600 millones de pesos por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación a favor de una Asociación Civil. Los fondos se otorgaron entre 2017 y 2019. Muchos lo leyeron como la revancha de Pettovello ante quienes cree que pueden haber pasado información.
La Subsecretaría Legal de Capital Humano denunció un mecanismo “que no se ajustaba a la normativa que debió haber llevado adelante el ministerio de Trabajo de la Nación, entre los meses de marzo y diciembre de 2017”. El período corresponde a la gestión de Cambiemos.
Se trata de un convenio marco y quince convenios específicos de “cooperación y asistencia técnica” con la asociación civil denominada Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDYAT).
La denuncia, publicada por Clarín, sostiene que tras una auditoría interna se expusieron “irregularidades en el Ministerio de Trabajo que fueron detectadas por el equipo encabezado por la abogada Leila Gianni gracias al aporte de un empleado ‘arrepentido’ de dicho ex Ministerio que apuntó a trece funcionarios y empleados como partícipes en una añeja asociación ilícita enquistada en el organismo para hacer negocios millonarios a costa del Estado”.
El Convenio Marco que está bajo análisis, tenía la finalidad de llevar adelante acciones “tendientes a desarrollar, en forma conjunta, proyectos de carácter general en un marco institucional para lograr la realización de actividades de cooperación y beneficio de ambos entes”.
Ese primer gran convenio firmado entre la Asociación CEDYAT y el Estado -siempre a través de la cartera de Trabajo-, derivó en varios convenios específicos con múltiples y variados objetos.
Desde Capital Humano señalaron que la asociación involucrada “parecía un polirrubro capaz de abarcar todas las especialidades”.
Por ejemplo, se contrataba a través de CEDYAT el “desarrollo de un sistema de software, aplicaciones y aplicativos tecnológicos para el desarrollo de aquellas actividades y programas de trabajo en donde se diseñara un programa integral, conforme a las necesidades específicas del Ministerio”; la “asistencia y abastecimientos de servicios de video filmación aérea y equipamiento necesario para llevar a cabo un operativo de fiscalización en la provincia de Mendoza”.
También, figura en esos convenios específicos, la contratación para el “desarrollo de una aplicación para automatizar el tablero de control y seguimiento del ministerio para la toma de decisión respecto de grandes líneas de acción de las distintas áreas”; o la “adquisición de una unidad móvil de apoyo tecnológico necesaria para llevar a cabo los operativos de fiscalización conforme a las necesidades específicas del Ministerio”, entre otras cosas que también incluyeron el armado de un supuesto centro de monitoreo o videofilmaciones con cámaras y drones.
Otro ejemplo de la multiplicidad de tareas que ofrecía la ONG, especifica la denuncia penal, es el convenio fechado en septiembre de 2017. El mismo por más de dos millones de pesos se contrató a CEDYT para que elabore un diagnóstico conjunto “sobre el estado de situación de biblioteca, mesa de entradas, centro de orientación al ciudadano, y control de acceso con el fin de acordar un plan integral para la mejora de la atención al ciudadano”.
Son tan sólo algunos de todos los convenios que se firmaron bajo la gestión de Cambiemos, comprometiendo partidas de fondos públicos y que ahora están cuestionado en función de la denuncia penal formulada.
En el texto judicializado se consignó que los contratos suscritos con la ONG se hicieron “sin ningún tipo de licitación, muchos de los cuales excedían los montos que permitirían una contratación directa”.
Además de denunciar las supuestas maniobras en la justicia, se echó a los funcionarios y empleados implicados de la Secretaría de Trabajo y se “procedió a preservar la documentación que se encuentra bajo revisión y que aportarían data clave respecto del manejo discrecional de dineros públicos en perjuicio del Estado, incluyendo dinero proveniente de fuente internacional”.
