Los diputados cambiemistas Alberto Asseff, Estela Regidor e Ingrid Jetter fueron señalados ante la Justicia por asociación ilícita, fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público, entre otros delitos luego de que se diera a conocer a través de mensajes de Whatsapp que obligaban a sus empleados a que les entregaran parte de su sueldo. Podrían allanar a todo el bloque de Juntos por el Cambio.
La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py por el abogado Alejandro Sanchez Kalbermatten y recayó en el juzgado a cargo de la jueza María Servini, informó Vanesa Petrillo para Ámbito Financiero.
El caso de Alberto Asseff “habría hecho uso de su posición dentro de los estamentos del Estado Nacional, para propiciarse un lucro indebido, producto de dádivas exigidas a cambio de “puestos” para su grupo de asesores en la estructura de la Cámara de Diputados de la Nación».
El diario Perfil expuso supuestos chats entre el ex Jefe de asesores Daniel Vico y Alberto Asseff. En los chats se lee que Vico anunció su renuncia en un grupo de Jefes de Despacho del Bloque PRO por la “presión” de el ahora diputado cambiemista, ex colaborador de José Luis Espert, para que sus asesores entreguen parte de sus salarios por «las necesidades del partido».
De la diputada por Corrientes de UCR-JxC Estela Regidor en mayo se difundieron audios en diversos medios, en los que se escucha como la diputada les dice a sus asesores que solo cobrarán la mitad del salario, bajo amenaza de rescindir contrato a quien no esté de acuerdo.
La diputada, famosa por su comparación entre mujeres y perras en el debate por la IVE, después de informarles a sus empleados que debían entregar la mitad de sus salarios, sostuvo: «Yo sé vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro».
A las pocas semanas, a fines de mayo, se dio a conocer el caso de Ingrid Jetter, también por Corrientes. Su ex asesora María Andrea Cappa la denunció por obligarla a entregar parte de su salario a personas señaladas. Cappa expuso los chats de WhatsApp en los que la diputada la amenaza con que «el que no lo hace, se va». A fines de 2020, Cappa fue desvinculada de la Cámara de Diputados.
Su abogado denunció “la existencia de una organización que se dedicaría a cometer este delito, pues para llevarlo adelante se verificaría la existencia de más de tres personas que han formado un gran grupo (posiblemente hasta inscriptos como partido político)”.
Además de asociación ilícita, habría un posible pago de dinero a cambio de otorgar “contratos” lo que constituiría la comisión del delito de fraude contra la administración pública.
Según informó Ámbito Financiero, el denunciante pidió «que se proceda al allanamiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los fines de secuestrar todos los expedientes de las contrataciones correspondientes a empleados de los Diputados denunciados y de su bloque, así como las casillas de emails de los funcionarios en busca de información que aporte claridad a la investigación”.