La fractura de la CTA Autónoma que dejó por un lado a su secretario General, Pablo Micheli, y por otro lado a su Adjunto, Ricardo Peidro, respaldado por el titular de ATE Nación, Hugo «Cachorro» Godoy, empieza a traerle dolores de cabeza a todos los integrantes de la central obrera.
Es que en un contexto de fuerte intervencionismo de la cartera laboral en las organizaciones sindicales, la disputa de los caciques ceteístas parece servirle en bandeja a Jorge Triaca la ilegalización de ambas vertientes. Es casi como matar dos pájaros de un tiro para el funcionario.
El pasado 28 de junio la fracción de Micheli, sin el aval de los ahora residentes en la calle Perón, realizó sus comicios. Mañana harán lo propio los liderados por Peidro, sin el reconocimiento de los conducidos por el de Junin.
Esa situación, de extrema vulnerabilidad legal por las denuncias cruzadas, más allá de los argumentos y avales que juntó cada una de las partes, posibilitó que el Ministerio de Modernización emita una resolución por la que no le ceden espacios en el Estado Nacional para la concreción del acto eleccionario a ninguno.
Esa primera determinación, justificada en que el Estado como patronal busca no tener injerencia en lo que califica de «interna intrasindical», podría ser la señal de largada de un prolongado conflicto por la legalidad de las autoridades electas en cada una de las jornadas de votación.
Es que sería el primer paso de una serie de medidas que derivarían en el no reconocimiento de ninguna de las conducciones electas, por lo que, en cuestión de semanas, la CTA Autónoma podría caer en una acefalía.
Sería un fuerte golpe para una porción importante de la CTA que siempre se mantuvo en la oposición y que, ahora, podría tener que saldar su interna en una disputa administrativa judicial de futuro incierto, en un contexto poco favorable para las organizaciones gremiales.