Mientras la polémica sobre el desembarco de Uber mantiene en alerta a los taxistas y los gremios que nuclean a los conductores de taxis sostienen una guerra declarada contra la aplicación y sus conductores, el Sindicato de Choferes Particulares tomó un camino distinto: la sindicalización.
La organización sindical, liderada por Andrea Aranda, sostiene que los conductores que utilizan la App deben ser reconocidos como empleados en relación de dependencia, lo que implicaría un cambio trascendente.
«El sindicato apunta a encuadrar a esos trabajadores dentro de las leyes argentinas para que los protejan y, a su vez, es una manera de intimar a Uber para que regularice su situación en el país», dijo Aranda a Perfil.
«Sabemos que por el sólo hecho de que le facturen a la aplicación ya existe una relación de dependencia», precisó la gremialista, una de las únicas mujeres en la Confederación de Trabajadores de Transporte.
«El chofer de Uber hace su trabajo, pero también es víctima de una situación que lo supera. Los conductores hacen sus viajes y reportan a Uber que, a pesar de llamarlos socios, en realidad es su empleador», agregó Aranda.
«Son choferes que, además de trabajar con esa aplicación, son remiseros habilitados, ya que no podemos sumar trabajadores en negro o precarizados», explicó Aranda, quien sostiene que el convenio colectivo de la actividad de choferes particulares debe regularlos.
Como antecedente favorable a lo planteado por el Sindicato de Choferes Particulares, que le presta las instalaciones a los conductores de Uber para realizar populosas reuniones donde además del tema de la relación laboral se pone de manifiesto el problema de los ataques de los taxistas «cazauber», un tribunal británico rechazó el argumento de la compañía de que sus conductores trabajan por cuenta propia y no son empleados asalariados. Esto significa que Uber tendrá que asegurarse de que sus conductores en Gran Bretaña reciban un salario mínimo y vacaciones pagadas.