Un escándalo de proporciones mayores se desató en el Sindicato del Seguro que comanda Raúl Amancio Martínez y dejó expuesta una presunta trama de corrupción, sobre la que ya está actuando la justicia federal. El monto de la defraudación investigada supera los 1.200 millones de pesos.
Se trata de una estafa sobre los fondos de la Obra Social sindical (OSSEG), luego de que la conducción lograra que se declare inconstitucional un decreto firmado en 1995, por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, que cortaba un aporte que las empresas realizaban para la salud de los afiliados.
Por una ley de 1972 las firmas de la actividad aportaban una contribución del 0.50% sobre las primas de cada seguro rubricado para la obra social del gremio. Eso fue dado de baja por el mencionado decreto (luego prorrogado por otros DNU), pero tras dos instancias la justicia ratificó la vigencia de lo previsto por ley.
Ese juicio fue llevado adelante por el Dr. Carlos Alberto Miodownik Vera, por entonces Gerente de Legales de la Obra Social. El abogado mantuvo una relación de dependencia laboral con la OSSEG por más de 12 años, sin embargo una vez que se ganó el juicio Martinez y el presidente de la obra social, Orlando Francisco Fariña, firman un convenio con el estudio privado del letrado por el que se comprometen a pagarle más de 1.200 millones de pesos por su trabajo.
Miodownik Vera, que ya cobró más de 600 millones de pesos, además siguió trabajando en relación de dependencia y cobrando de ambas organizaciones. De hecho fue cesando en su tarea el 23 de marzo de 2018 y hasta cobró una indemnización por los años trabajados.
Cuando comenzaron a girarse cheques exorbitantes, parte de la conducción del gremio empezó a preguntar a qué se debían. Ahí descubrieron el convenio de honorarios de Miodownik Vera y llevaron el caso a la justicia.
El promotor de la denuncia es Miguel Angel Mendez, actual secretario Adjunto del gremio, y la causa está en manos de la jueza María Servini.
La semana pasada los principales implicados en la presunta estafa pasaron por Comodoro Py y se espera para estos días que se dictamine su procesamiento. Algunos aventuran una posible prisión preventiva, pero eso es todavía incierto.
De hecho fuentes de la justicia adelantaron que es muy probable que la jueza dicte la intervención de la organización gremial en los próximos días. Esa versión también corre con mucha fuerza en el mundo gremial. Mientras tanto y en paralelo, avanza con la investigación de la ruta del dinero para determinar en qué bolsillos terminó la suma que ya se cobró por esta maniobra.