El sindicalista de Aleara advirtió que «en octubre del 2019 se termina la concesión otorgada por 20 años, y no queremos que el nuevo permiso o prórroga del existente quede en medio de la campaña electoral».
«En un contexto económico y social muy complicado para el país, con recesión y altos números de desocupación, la preocupación de los 3.000 trabajadores crece día a día porque ven que por ahora no hay voluntad política para resolver el tema y evitar un largo conflicto», precisó.
En ese sentido, resaltó que las salas «aportan impuestos por más de 150 millones de pesos mensuales en Ingresos Brutos, más una cifra superior aún en otros conceptos y sin duda ya se convirtieron en un atractivo turístico para los turistas extranjeros que llegan a la ciudad».
Fassione dijo que «por estas cuestiones, con un Estado necesitado de fondos para volcar a los múltiples programas sociales existentes, estamos convencidos que el Casino debe seguir y seguirá funcionando, pero no queremos que los trabajadores pasen por una situación angustiosa hasta que se defina su continuidad».
En los últimos meses, varias veces se especuló con la presentación de iniciativas en la Legislatura porteña que establezcan a partir del año próximo el control de las salas por parte del Estado.
«Los trabajadores no tenemos preferencias en ese sentido, puede ser el actual concesionario, uno nuevo, o el propio Estado, mientras el Casino siga operando y se respeten los derechos laborales de los empleados», resumió Fassione.
Actualmente los barcos pertenecen en un 50 por ciento a la española Cirsa, propiedad de Manuel Lao, otro 25 por ciento al grupo que maneja el Hipódromo de Palermo y el resto a la firma Inverclub.